El Supremo confirma la nulidad de la venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid a fondos buitres
Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo al que ha tenido acceso Efe, en el que entiende que la Administración regional "no ha motivado adecuadamente. La concurrencia del carácter no necesario, para el cumplimiento de los fines del Ivima, de los bienes finalmente enajenados".
La decisión de enajenar las viviendas se adoptó tras un análisis de las posibles alternativas que existían para la consecución de los fines perseguidos (encontrándose factores negativos y positivos), "la decisión, tras dicho analisis de por qué no se conservarían dentro del patrimonio de Ivima, esas concretas viviendas, y en tal alto número, no se efectuó.
Esta cuestión que confirma el fallo de la sentencia del Juzgado que contiene un doble pronunciamiento anulatorio: uno, respecto a la enajenación de las viviendas y, otro, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente.
Desde la plataforma de afectados por la vivienda pública y social se han congratulado por el dictamen del Supremo pero se muestran "cautos" porque aún falta la resolución de otros recursos por resolverse, en concreto uno en el tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Fuentes de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid han indicado que la Abogacía de la Comunidad de Madrid está analizando la resolución del Supremo contra la que cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Además, la Abogacía de la Comunidad de Madrid deberá confirmar que la sentencia contra la que se interpuso dicho recurso de casación ante el Tribunal Supremo no es firme hasta que se resuelva la casación autonómica por parte del TSJ de Madrid.
En cualquier caso, según las mismas fuentes, la anulación, de producirse de manera definitiva y con sentencia firme, sólo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3.000 viviendas.
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